Una nueva propuesta legislativa en el Senado de la República busca regular las condiciones laborales de los repartidores y conductores afiliados a plataformas digitales como Uber, Uber Eats, Indriver, Didi y Pedidos Ya, garantizándoles salario mínimo, seguro médico y pensiones.
La iniciativa establece que estas empresas deberán asegurar que los afiliados reciban, al menos, el equivalente al salario mínimo vigente, sin importar el número de horas trabajadas. Además, las plataformas tendrán que cubrir los seguros de ley y contratar pólizas de accidentes y de responsabilidad civil para proteger tanto a los conductores como a terceros.
En caso de aprobarse, la iniciativa, sometida por Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez, también obligaría a las tecnológicas a inscribirse en un Registro Nacional de Plataformas de Transporte administrado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), incluyendo aportes a salud, pensión, riesgos laborales e Infotep.
Si la iniciativa pasa los filtros legislativos (aprobadas dos veces en ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo) sería un beneficio para más de 30,000 socios que tienen estas aplicaciones en el país. Además, sería un intento de regulación, debido que estas corporaciones internacionales no cotizan ni pagan al fisco.
Aunque algunos logran ingresos de 60,000 pesos al mes, según publicó este medio en marzo pasado, los afiliados han protestados frente a las oficinas de las aplicaciones reclamando mejores condiciones laborales.
Juego claro
Otros puntos que toca la pieza legislativa es que las plataformas deben esclarecer a sus afiliados cómo se paga la comisión: tarifa bruta cobrada al usuario, comisión descontada por la plataforma, impuestos retenidos (si los hubiera) y neto pagado al conductor. “Quedan prohibidas las deducciones no autorizadas o cargos ocultos”.
Tampoco podrán desactivar o suspender la cuenta de manera arbitraria sin antes informar los motivos. De su lado, los conductores deben registrarse en el Intrant y notificar al Ministerio de Trabajo que se dedican a esa actividad.
Las consecuencias
La empresa digital que incurra en violación sería sancionada con multa de 20 a 50 salarios mínimos y, en caso de reincidencia, podría cancelarse su operación en las calles dominicanas.
El dinero de la multa –establece el proyecto de ley– se destinaría de esta manera: 50 % al Ministerio de Hacienda, un 25 % al Ministerio de Trabajo y el otro 25 % al Intrant, para aplicarlos en capacitaciones y seguridad vial.
