El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que la República Dominicana se encuentra a pocas horas de concretar la aprobación de un nuevo Código Penal. Esto, tras intensas jornadas de revisión conjunta entre legisladores y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante una sesión extraordinaria celebrada este martes en el Congreso Nacional, Pacheco señaló que “estamos en la ejecución de los acuerdos”. Asimismo, que el texto final avanza conforme al plan trazado por ambas instituciones.+

No obstante, reconoció que por razones de tiempo y por la lectura extensa de las enmiendas, es poco probable que se apruebe en su totalidad este mismo día.

Comisión ampliada redacta informe con más de 100 reformas

En ese sentido, se conformó una comisión especial ampliada con la tarea de redactar un informe final con las más de 100 modificaciones discutidas previamente con la procuradora Yeni Berenice Reynoso. Para ello, se concedió un receso de dos horas, permitiendo a los comisionados trabajar el documento técnico con las reformas consensuadas.

Pacheco también aclaró que el fondo de las mociones individuales presentadas por los diputados no será discutido en esta sesión. “No os asustéis, que no vamos a decidir el fondo del proyecto hoy (…) Hoy no da tiempo para hacerlo”, expresó, abriendo la posibilidad de más debates en jornadas posteriores.

Pacheco llama a cumplir con acuerdos previos al debate final

El legislador instó a los diputados a respetar los acuerdos ya alcanzados en las mesas técnicas, más allá de posturas particulares.

“Les guste o no, hay que cumplir con lo pactado”, subrayó Pacheco, en un llamado a la disciplina y responsabilidad legislativa ante uno de los proyectos más esperados por la sociedad.

El nuevo Código Penal ha sido objeto de discusión durante más de una década, enfrentando retrasos, perimiciones y controversias por temas sensibles como la corrupción, la tipificación de nuevos delitos, los feminicidios, y la interrupción del embarazo.

La reforma contempla una modernización profunda del sistema penal dominicano, actualizando figuras delictivas, endureciendo sanciones y adecuando procedimientos. Su eventual aprobación marcaría un hito jurídico, político y social para el país.

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